Además de la sanción aplicable en cada caso, el infractor quedará inhabilitado para recibir cualquier prestación o incentivo fiscal durante un periodo que oscilará de los tres a los seis años.
Asimismo, las sanciones podrán ser impuestas tanto al empresario como a los trabajadores que desarrollen la actividad “en negro”. Si hasta ahora sólo se penaba con una sanción administrativa de hasta 10.000 euros al empresario y con la retirada de la prestación al beneficiario de a misma, las nuevas penas se suman a éstas anteriores, que se mantienen.
Sin embargo, y aunque no se establece una cantidad mínima para que es fraude sea considerado como constitutivo de delito, las sanciones más duras serán aplicadas a partir de los 50.000 euros.
Pese a la dureza de las sanciones, lo cierto es que el trabajo en negro es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la economía de este país y, en especial, el colectivo de autónomos que pagan religiosamente sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y que pierden liquidez frente a aquéllos que trabajan al margen de la legalidad.
Tal como analizamos en este blog hace unos meses, la economía sumergida supone más del 20% del PIB anual en España. Ésto supone un quinto de la producción interior bruta que no tributa como debiera. Pero no ha de olvidársenos que Hacienda somos todos y defraudar al Estado, a pesar de la difícil situación económica en la que nos encontramos, no hace más que agravarla ya que, por un lado, dificulta en gran medida alcanzar la tan necesaria estabilidad presupuestaria y, por otro, hace recaer la carga de aquéllos que no tributan sobre los que sí declaran sus ingresos de forma correcta.
