Hace ya unos días que en este mismo blog reflexionábamos sobre el problema de financiación al que se enfrentan la mayoría de los autónomos, pese a la Ley de Emprendedores. Una Ley que hoy se sigue debatiendo en el Congreso y que parece no terminar de contentar al colectivo, especialmente en materia de acceso al crédito y financiación.
Y es que han sido varias las agrupaciones de autónomos que han reclamado al Ejecutivo un planteamiento mucho más orientado a la problemática real de pequeñas empresas, microempresarios y autónomos. Para ello, han pedido la inclusión en el proyecto de ley de una línea pública de microcréditos y avales que sustenten los proyectos de los emprendedores dotada con 2.000 millones de euros.
Así, la creación de un fondo nacional de microcréditos podría suponer un gran impulso para «desbloquear» la financiación destinada a emprendedores y autónomos. De ésta forma, la activación de una línea de microcréditos públicos estaría sustentada en el valor de la ley y no en las garantías económicas aportadas por el emprendedor.
Sería necesario, además, fijar objetivos de crédito para autónomos y pymes a las entidades bancarias que han recibido o reciban ayudas públicas, ya que en la actualidad sólo el 20% de los que solicitan financiación para un proyecto emprendedor en una entidad privada logran que les sea concedido el crédito.
Dicha petición se ha realizado en el marco de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, pero no ha sido la única. El cambio en la definición de emprendedor en la Ley para que se refiera exclusivamente a las personas físicas que van a comenzar una actividad económica, la extensión de la limitación de la inembargabilidad de la vivienda habitual también para las deudas contraídas con las Administraciones Públicas o el pago del IVA en el momento de cobro de la factura, evitando así que los autónomos deban acogerse a un régimen distinto que la mayoría de los clientes no aceptan, son otras modificaciones necesarias para el funcionamiento efectivo de la Ley.
