La factura electrónica con el Sector Público es obligatoria en España desde hace más de tres meses. El 15 de enero se cumplió el plazo para que los proveedores de la Administración y algunas compañías privadas que prestan servicios de especial trascendencia económica (como las de suministros de agua, luz y gas) se sumaran a la denominada Facturae en su versión 3.2.1. Solo quedan exentas de esta obligación las facturas que tengan un importe inferior a los 5000 euros, siempre y cuando la Administración correspondiente así lo indique.
La factura electrónica está regulada por la Ley 25/2013, que recoge tanto las medidas de impulso de este sistema, como la creación de un registro contable de facturas en el Sector Público. Esta normativa preveía un plazo de más de un año para que administraciones y empresas se adaptaran técnicamente. Sin embargo, no ha sido suficiente. Actualmente todavía hay organismos, como la Junta de Andalucía, que no están listos para operar con la Facturae.
Este retraso ha afectado de lleno a los proveedores del Sector Público, que no saben cómo facturar sus trabajos. Pero además, hay otros retos a los que debe hacer frente la Facturae para que su expansión se produzca de una forma adecuada. Te los resumimos en cuatro puntos básicos.
- Falta de preparaciónLa factura electrónica no es nada nuevo en España. Desde hace años, se han sucedido las medidas legales para poner en marcha este sistema, que ahorra costes y agiliza el procedimiento. Pero cuando llegó el momento de dar el salto el pasado mes de enero, una buena parte del Sector Público no estaba preparada tecnológicamente. Y lo mismo ocurrió con algunas de las empresas afectadas por la normativa.La consecuencia de esta falta de preparación está ocasionando retrasos en los cobros, debido a que muchos proveedores no saben cómo entregar sus facturas ante la inexistencia o inoperatividad del punto de entrada de la Administración a la que van dirigidas.
- Errores en el programa de facturación gratuito para pymesEl Ministerio de Industria puso en marcha una solución gratuita para que las pymes puedan gestionar sus facturas de forma electrónica, conforme a los requerimientos que exige la ley. No obstante, se han detectado diversos problemas que impiden un funcionamiento óptimo del programa. Al parecer, este no estaba preparado para soportar un volumen de datos tan elevado como el que tiene en estos momentos el directorio de unidades conectadas al FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado). Aun así, existen otros software de facturación adaptados a los requerimientos que establece la normativa.
- Desconocimiento de la normativaLa Ley 25/2013 recoge en su artículo 4 que “las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros”. Esto ha generado una gran confusión entre los proveedores del Sector Público que, en determinados casos, han entendido que si emitían facturas por un valor menor a 5000 euros no estaban obligados a hacerlo de forma electrónica. Sin embargo, lo que la normativa indica es que para que esa exención sea efectiva es necesario que cada Administración lo especifique reglamentariamente. Así lo han hecho, por ejemplo, Castilla y León o Canarias.
- Dificultades de conectividad con los puntos de entradaLa normativa permite que cada autonomía o entidad local cuente con su propio punto de entrada. Las condiciones técnicas de estos, se establecieron en una resolución, publicada en el BOE el 21 de octubre del pasado año.El problema es que estos puntos de entrada no siempre se han desarrollado cumpliendo con los requerimientos que establece la resolución, lo que ha impedido el envío adecuado de las facturas electrónicas. Además, hay que tener en cuenta que actualmente no hay ningún censo actualizado en el que poder conocer todos puntos que existen.
A la factura electrónica todavía le queda mucho camino por recorrer en España. Aun así, con el paso del tiempo, se observa que aumenta progresivamente el número de comprobantes tramitados por FACe. De hecho, entre febrero y marzo la cifra pasó de 267.722 a 409.483.
La solución a estos problemas es fundamental para aprovechar las ventajas de la facturación electrónica, que ya se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de la Agenda Digital Europea. Hay que recordar que para los proveedores del Sector Público, uno de los principales beneficios de este sistema, más allá del ahorro económico en infraestructura y gestión, es la trazabilidad en tiempo real. La posibilidad de seguir paso a paso el estado en que se encuentra la factura permite decir adiós a esos documentos olvidados o perdidos en los cajones de la Administración.
