- Falta de preparaciónLa factura electrónica no es nada nuevo en España. Desde hace años, se han sucedido las medidas legales para poner en marcha este sistema, que ahorra costes y agiliza el procedimiento. Pero cuando llegó el momento de dar el salto el pasado mes de enero, una buena parte del Sector Público no estaba preparada tecnológicamente. Y lo mismo ocurrió con algunas de las empresas afectadas por la normativa.La consecuencia de esta falta de preparación está ocasionando retrasos en los cobros, debido a que muchos proveedores no saben cómo entregar sus facturas ante la inexistencia o inoperatividad del punto de entrada de la Administración a la que van dirigidas.
- Errores en el programa de facturación gratuito para pymesEl Ministerio de Industria puso en marcha una solución gratuita para que las pymes puedan gestionar sus facturas de forma electrónica, conforme a los requerimientos que exige la ley. No obstante, se han detectado diversos problemas que impiden un funcionamiento óptimo del programa. Al parecer, este no estaba preparado para soportar un volumen de datos tan elevado como el que tiene en estos momentos el directorio de unidades conectadas al FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado). Aun así, existen otros software de facturación adaptados a los requerimientos que establece la normativa.
- Desconocimiento de la normativaLa Ley 25/2013 recoge en su artículo 4 que “las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros”. Esto ha generado una gran confusión entre los proveedores del Sector Público que, en determinados casos, han entendido que si emitían facturas por un valor menor a 5000 euros no estaban obligados a hacerlo de forma electrónica. Sin embargo, lo que la normativa indica es que para que esa exención sea efectiva es necesario que cada Administración lo especifique reglamentariamente. Así lo han hecho, por ejemplo, Castilla y León o Canarias.
- Dificultades de conectividad con los puntos de entradaLa normativa permite que cada autonomía o entidad local cuente con su propio punto de entrada. Las condiciones técnicas de estos, se establecieron en una resolución, publicada en el BOE el 21 de octubre del pasado año.El problema es que estos puntos de entrada no siempre se han desarrollado cumpliendo con los requerimientos que establece la resolución, lo que ha impedido el envío adecuado de las facturas electrónicas. Además, hay que tener en cuenta que actualmente no hay ningún censo actualizado en el que poder conocer todos puntos que existen.
¿Problemas con la factura electrónica?
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