Este lunes, mientras conducía rumbo al trabajo, escuchaba en la radio una noticia referida al colectivo de los autónomos. La verdad, me sorprendía, ya que pocas veces somos noticia. No obstante, la información venía a destacar los datos del informe de ATA (Federación nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) tras los datos que habían cotejado en el mes de noviembre, donde se reconocían las cantidades de deuda de las administraciones públicas con los autónomos.
La verdad, que sabía que la cosa está delicada, pero leyendo los números, con detenimiento y objetividad, me da la impresión que toca plantarse de una vez y hacer ruido para que se nos escuche y que entienda nuestra situación ante los poderes públicos, ya que poco parece importarles que los autónomos de las 17 comunidades autónomas nos encontremos entre la espada y la pared.
Los datos ofrecidos por esta Federación nacional dan pie a evaluar muchas realidades en cada una de las comunidades autónomas, pero existe una problemática genérica y bien definida: La deuda de la Administración Pública está ahogando al autónomo.
15.229 son los millones de euros que se adeudan a los trabajadores autónomos por parte de las Administraciones Públicas españolas a fecha de 1 de noviembre de 2011.
Unos números escandalosos que centran en más de la mitad, un 56 % del total, en la deuda contraída con los autónomos de Catalunya (2.708 millones €), Andalucía (2.489 millones €), Comunitat Valenciana (1.729 millones €) y Comunidad de Madrid (1.6015 millones €).
Viendo los datos presentados, creo que cada vez más, la extrañeza de no alzar la voz más a menudo nos deja en un segundo plano de una realidad en la que, otros colectivos de trabajadores ya han puesto el grito en el cielo con bastante anterioridad a nosotros (y no sin razón).
Además, más allá de las cantidades adeudadas, cabe destacar que los autónomos estamos tardando en cobrar más de 90 días, un margen que no cumple con el acuerdo de la Ley de morosidad, donde se establecieron unos márgenes temporales progresivos y que en 2011, este plazo es de 85 días para el sector privado y 50 para la Administración Pública.
Es por tanto que es momento para que desde el colectivo autónomo reflexionemos y empecemos a reivindicar unas medidas justas que garanticen el desarrollo estable de nuestro trabajo y que nos permitan superar esta difícil coyuntura económica.
¿Tú qué opinas?
