La lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social será uno de los principales objetivos de la nueva Ley de Inspección de Trabajo, cuyo anteproyecto fue aprobado recientemente en Consejo de Ministros con el fin de modernizarla y actualizarla, así como de «disponer de una Inspección de Trabajo y Seguridad Social más coordinada y más eficaz, que siga estando al servicio de los trabajadores, de las empresas y de la sociedad».
De esta forma, el principal objetivo del Anteproyecto de Ley es seguir mejorando la eficacia de las actuaciones contra el fraude laboral. Para ello, se creará una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.
Nueva Oficina Nacional de Lucha Contra el Fraude Laboral
Esta Oficina aglutinará todos los organismos implicados en la lucha contra el fraude laboral y tendrá como funciones la detección del fraude, la programación y ejecución de actuaciones inspectoras y la evaluación de resultados.
¿El objetivo? Mejorar la colaboración institucional entre Administraciones Públicas y una mejor ordenación de las actuaciones de lucha contra el fraude. La nueva Oficina, además, servirá de enlace con la Plataforma europea contra el trabajo no declarado.
Recordemos que, ya en abril de 2012, el Gobierno aprobó un Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que desplegaba una estrategia integral de actuación en la lucha contra el fraude, con medidas normativas, institucionales, de gestión y de prevención y sensibilización social.
Con el nuevo anteproyecto, se agravan las sanciones por fraude a la Seguridad Social y los delitos contra los derechos de los trabajadores.
Resultados de la lucha contra el fraude laboral
Entre los años 2012, 2013 y 2014 han aflorado 252.822 empleos y se han anulado un total de 103.238 altas ficticias o contratos de trabajo falsos en empresas ficticias, empresas sin actividad creadas con el objeto de facilitar el acceso fraudulento a prestaciones.
Durante igual período de tiempo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha transformado 115.747 contratos temporales en indefinidos.
Asimismo, el conjunto de actuaciones desplegadas en lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en los años 2012,2013 y 2014 han tenido un impacto económico global estimado en 11.343 millones de euros.
