Fue la noticia estrella durante la pasada jornada. La Comisión Europea ha propuesto la implantación del contrato único en España, una fórmula que ya se ha implementado en otros países europeos y que supondría eliminar la distinción entre contratos indefinidos y temporales.
La propuesta persigue la eliminación del gran número de diferentes modalidades de contratación existentes hasta el momento en nuestro país, 41 según afirmó el presidente de la CEOE Juan Rosell, con el objetivo de «acabar con la polaridad» del mercado laboral y combatir el desempleo, especialmente el juvenil.
Pese a que la propuesta parece no haber calado ni entre los agentes sociales ni entre el Ejecutivo ya que, como afirmó la ministra de Empleo Fátima Báñez, la medida «no tiene cabida en la Constitución», se ha abierto un frente de debate sobre la idoneidad de la proposición para incentivar la contratación.
Se trata de un aspecto que ya se valoró el pasado año en el marco de la Reforma Laboral y que finalmente no cuajó. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la implantación de un contrato único?
A priori, la no distinción entre indefinidos y temporales supondría una homogeneización de las condiciones laborales de los asalariados. No obstante, ¿significa ésto que todos pasarían a ser indefinidos y que percibirían la misma indemnización y en las mismas condiciones? No, el contrato único fijaría una indemnización mínima que se iría incrementando progresivamente en función del número de años trabajados.
El debate se ha disparado a raíz de que el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Ándor, declarase que entre las dificultades a las que se enfrenta el mercado laboral español, se encuentra el empleo «excesivamente protegido» que establecen los contratos indefinidos.
De hecho, tales afirmaciones han provocado la reacción inmediata de los sindicatos, que han rechazado la posibilidad de implementar éste «contrato único abierto» argumentando que se trata de una vía más para crear empleo precario y abaratar el despido y, en especial entre los más jóvenes.
La postura de la patronal es también reservada y, pese a que su objetivo es el de reducir el número de modalidades de contratación a «7 u 8», ha calificado la propuesta de «muy atrevida», desmarcándose de las reivindicaciones formuladas en el pasado mes de febrero en las que abogaba por “un contrato simple, en tres líneas, sin bonificación, con un periodo de prueba, que a partir de ahí sea indefinido y con unas condiciones de salida pactadas en función de los años que se haya estado”.
Dejando de lado «tiras y aflojas» de corte político, lo cierto es que las necesidades de contratación de los diversos sectores que conforman la estructura productiva de nuestros país difieren mucho entre sí, y aunque podría contribuir a acabar con la temporalidad de muchos trabajadores, para muchas empresas de sectores como el turismo la formalización de éste tipo de contrato no sería viable.
A la espera de conocer en detalle la propuesta hecha desde Bruselas, en éstos momentos es difícil conocer el alcance, los pros y los contras que puede suponer puesta en marcha de este contrato único abierto en nuestro país, teniendo en cuenta, además, la gran reforma legislativa necesaria para su puesta en funcionamiento.
Lo que si parece claro es que a nadie le gusta la propuesta. Aunque con el nivel de desempleo actual quizás es hora de medidas más drásticas, como dice el refranero, a grandes males grandes remedios. Habrá que analizar mejor si el contrato único puede serlo aunque a la vista de las reacciones da la sensación de que hay demasiados intereses creados que impedirán su puesta en funcionamiento y se quedará en elemento de debate.
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