El 1 de enero de 2010 entraba en vigor la ley Ómnibus, que modificaba un total de 47 leyes estatales con el propósito de adaptarse a la Directiva europea de servicios 123/2006/CE, de 12 de diciembre de 2006, y provocando una reforma estructural considerable en cuanto a la operativa del sector servicios en España.
Esta ley, bajo su planteamiento de adaptar la legislación española a la Directiva Bolkestein, convertía en realidad la necesidad de eliminar trabas y requerimientos burocráticos para modernizar el sector servicios; mientras que, por otro lado, se suponía una amplia reforma estructural sectorial que no hacía sino que despertar la incertidumbre de su influencia en el sector y su posible previsión positiva mediante la creación de empleo.
Queda dicho que en el olvido quedan las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda que, en su momento, justificó la Ley Ómnibus como un punto de partida para crear cercar de 200.000 empleos y favorecer un crecimiento del PIB en un 1,2%. No obstante, el otro propósito remarcado en esta directiva, dejaba claro un objetivo que parece haberse conseguido: modernizar y facilitar la actividad profesional con acciones más simplificadas y eficaces para los ciudadanos y empresas.
Cabe destacar que la Ley Ómnibus, como elemento modificador de normativas de un sector tan amplio como heterogéneo, ha aplicado cambios y modificaciones a la regulación de la actividad encuadrada dentro de los aspectos referidos a consumidores y usuarios de servicios, servicios y colegios profesionales, servicios industriales, construcción y transportes.
Aún así, y más allá de las polémicas y puntos débiles detectados en cuestiones como la liberalización del servicio de transporte y su perjuicio al colectivo del taxi, o en cuanto a la colegiación en profesiones como la de arquitecto, el texto como tal, establece una serie de ventajas destinadas a los profesionales que se admiten como positivas para su desempeño profesional.
De hecho, esta normativa de servicios ha puesto en marcha aspectos tan reclamados por los profesionales como necesarios, como por ejemplo, la simplificación de procesos para el desarrollo de actividades, el silencio administrativo positivo ante los expedientes y licencias de apertura o la creación de autorizaciones administrativas indefinidas, acabando así con los procesos de renovación temporales. Todo ello en pro de acabar con las ineficiencias normativas y administrativas que restan competitivad a las actividades del sector respecto al marco del mercado europeo.
Ahora, con la vista puesta en el 20-N y las elecciones generales, todo pasa por valorar el resumen de la acción legislativa del Gobierno, que en esta legislatura ha cerrado más de 140 leyes y decretos con una clara vocación financiera y económica de hacer frente a la crisis económica.
Entre ellas, una de las medidas aplicadas es la puesta en marcha de la mencionada Ley Ómnibus, que a puertas de cumplir dos años en vigor y con un claro talante liberalizador, queda abierta a la valoración por parte de los profesionales; no ya sobre su capacidad de creación de empleo y riqueza, pero sí sobre cómo ha sido asimilada e interpretada por los profesionales.
