La economía sumergida supone en 2014 más del 24,6% del PIB español. Así lo refleja el último informe presentado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que denuncia una «clara falta de voluntad política para enfrentarse a este problema y luchar contra el fraude», según declaraciones recogidas por el diario El Mundo.
Así, el dinero negro en España aumenta en más de un punto desde el 2013, una tendencia que se mantiene (la del incremento progresivo) desde el 2008, año de inicio de la crisis, y en el que el volumen de dinero sin declarar en España representaba el 17,8% del Producto Interior Bruto.
Por comunidades, Extremadura, con un 31,1%; Andalucía, con un 29,2%, y Castilla-La Mancha, con un 29,1%, encabezan el ránking, mientras que Madrid, con un 17,3%; Cantabria, con el 22%, y Aragón, con un 22,3% se sitúan a la cola.
¿Los motivos? Variados y convergentes: el aumento de la corrupción, las dificultades económicas, la caída del consumo o la presión fiscal. No obstante, el hecho de que en nuestro país no se declare 1 de cada 4 euros obtenidos es un indicador más que alarmante sobre la situación por la que atraviesa el mapa empresarial y productivo español.
Medidas ineficaces contra la economía sumergida
Los esfuerzos del Ejecutivo por aumentar la recaudación o la imposición de medidas antifraude que afectan a los autónomos parecen no haber surtido el efecto deseado quizá, porque no solucionan el problema de raíz de aquéllos que no declaran lo que ganan.
En los últimos años, son muchos los profesionales autónomos que, para evitar el cese de actividad, han dado el salto a la economía sumergida para poder subsistir. Cierto es que ya no deben adelantar el IVA de las facturas a Hacienda hasta que no las hayan cobrado, pero el desarrollo del IVA con criterio de Caja tampoco ha supuesto un cambio sustancial en sus problemas de liquidez ya que, de hecho, son muchas las pequeñas empresas que ni siquiera se han acogido a éste nuevo sistema tributario.
La prórroga del «aumento temporal» del IRPF al 21% durante 2014 parece que tampoco ayudará a frenar el avance de la economía sumergida, como tampoco lo han hecho las medidas destinadas a luchar contra la morosidad y que obligan a las Administraciones a pagar a 30 días, porque, de hecho, el plazo de pago real es, en la actualidad, muy superior a la fecha marcada por la ley.
No obstante, y pese a todas las dificultades (que no son pocas), es necesario ser conscientes de la importancia de cumplir con el fisco, ya que de ello depende tanto la estabilidad presupuestaria como la reactivación del crecimiento económico.
Así, la laxitud con la que se ha atajado el problema hasta ahora está generando un impacto negativo sobre la recaudación de tributos y cotizaciones sociales, y parece que desde el Ejecutivo intentan contrarrestar éste efecto con el aumento de las cuotas a la Seguridad Social.
No obstante, el mayor problema al que nos enfrentamos al hacer la vista gorda frente a las «facturas en B» es a la desigualdad en el pago de impuestos. De ésta manera, las cargas de quienes no declaran la totalidad de sus ingresos son soportadas por quienes declaran sus rendimientos de forma correcta.
Esto, indudablemente, supone un impacto muy negativo sobre la competencia empresarial y provoca situaciones de competencia desleal derivadas de esta economía irregular.
Si bien es cierta la urgencia de desarrollar mecanismos que realmente sean capaces de controlar el flujo de dinero no declarado, de rebajar la presión fiscal sobre aquellos que apenas pueden mantener su actividad y de incentivar fiscalmente a aquellos que mantienen una correcta relación con Hacienda, no lo es menos que el cambio de mentalidad debe empezar por nosotros mismos.
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