Así lo aprobó la semana pasada la Comisión Delegada General para Asuntos Económicos, que dio luz verde a la tercera fase del segundo Plan de Pago a Proveedores, el cual fue puesto en marcha por el Gobierno durante el presente año con el objetivo de que autónomos y pequeñas empresas puedan cobrar las deudas pendientes con las diferentes administraciones.
Esta nueva fase, cuyo plazo para presentar las facturas pendientes de cobro termina el 23 de octubre, se dirige a aquellos que no entraron en las fases previas del plan y que iban dirigidas a proveedores de servicios básicos como sanidad, educación o servicios sociales.
Este plan de pago permite que proveedores, en especial autónomos y pequeñas empresas, puedan cobrar éstas deudas antes del 1 de diciembre. No obstante, tendrán prioridad aquellos que acepten una quita, es decir, que “perdonen” parte de la cantidad debida a la Administración deudora, además de no poder cobrar los intereses de demora.
De ésta forma, aquellos que tengan verdadera urgencia para cobrar su deuda y proseguir con su actividad empresarial no tendrán más remedio que renunciar a una parte de ella, lo que les coloca en una situación de clara desventaja.
Las deudas del sector público
Y todo este planteamiento se desarrolla con el objetivo de que las administraciones autonómicas salden su deuda comercial antes de la aprobación de la Ley de Control de la Deuda Comercial del Sector Público que tiene como objetivo “erradicar la morosidad de las administraciones, controlar y reducir su deuda comercial, suministrar liquidez a las empresas mediante la reducción del período medio de pago e incrementar la transparencia y eficiencia en las Administraciones Públicas”, obligando a las Administraciones a hacer efectivos sus pagos en un periodo máximo de 30 días.
Sin lugar a dudas, ésta tercera fase del plan revela la incapacidad de las administraciones de abonar sus deudas en el tiempo que establece la ley. Recordemos que, ya en el mes de abril, Montoro anunciaba como novedad en el Plan de Pagos 2013 el establecimiento del plazo máximo de 30 días, como medida para “remendar” una de las principales carencias del primer plan y que no establecía con precisión un plazo máximo de cobro. Se trataba de una importante matización que pretendía aplicar la ley de Morosidad, un texto que entró en vigor en julio de 2010 pero cuya aplicación ha sido de dudosa efectividad.
Sin embargo, y pese a las ayudas provenientes del Estado, a día de hoy las administraciones autonómicas y los ayuntamientos siguen pagando con mucho retraso, lo que está provocando serios problemas de liquidez y dificultades para proseguir con su actividad a muchas pequeñas empresas y autónomos.
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