El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer la puesta en marcha de un nuevo Plan de pago a proveedores para 2013 en el que, como novedad, las administraciones públicas deberán abonar sus deudas en un plazo máximo de 30 días, una importante matización que pretende aplicar la ley de Morosidad, un texto que entró en vigor en julio de 2010 pero cuya aplicación ha sido si no nula, de dudosa efectividad.
De esta forma, y durante un foro organizado por el diario «La Razón», Montoro aseguró la puesta en marcha de la medida, que permitirá a pymes y autónomos cobrar las facturas pendientes de las Administraciones Públicas emitidas durante el año 2012 y no abonadas, tanto de los Ayuntamientos como de las Comunidades Autónomas.
Así, desde el Ejecutivo se pretende «remendar» una de las principales carencias del primer plan, referente a las deudas de 2011, y que no establecía con precisión un plazo máximo de cobro.
Una fórmula que, según el ministro, contó con «excelentes resultados» en su primera edición, puesta en marcha en 2012, dotada con 27.000 millones de euros y que se desarrolló en dos fases. Tanto es así, que según datos aportados por el Ejecutivo la primera de éstas fases logró mantener al menos 150.000 empleos de forma directa.
Asimismo, la última de éstas fases, cerró su plazo de inscripción el pasado 22 de marzo, se realizó con una nueva aportación económica de 2.500 millones de euros para poder dar cabida a todas aquellas solicitudes que por uno u otro motivo no pudieron acogerse a la primera fase del plan.
Con la nueva propuesta, Montoro pretende introducir un «elemento de fiabilidad» para hacer de ésta medida una acción realmente efectiva que ayude a pymes y autónomos ahogados por las deudas de las Administraciones a remontar el vuelo aunque, para ello, se deberá modificar la actual legislación.
Sin embargo, aún se desconoce tanto la cuantía con que se dotará a este nuevo Plan de pago a proveedores ni los plazos de solicitud, por lo que habrá que esperar a su puesta en marcha para saber si realmente se harán los abonos en el plazo establecido y las sanciones impuestas a aquellos organismos que incumplan los mismos.
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