Concretamente, y, en la actualidad, esta norma se vulnera de manera exagerada: los periodos medios de pago del sector público se sitúan hasta tres veces por encima de lo recogido, en concreto, 93 días frente a los 30 que dice la Ley y, en el sector privado, en 85 días frente a los 60 días plasmados en este Texto. Si el pago es entre autónomos la media se sitúa en 59 días.
Este retraso supone un desbarajuste importante, no solo por cuestiones personales y profesionales, ya que hay que asumir gastos de manera mensual en ambos campos, sino que la actividad empresarial se resiente, la liquidez de estos profesionales se reduce, y, como consecuencia, el consumo y la inversión se comprimen.
Por ello, no es de extrañar que la morosidad pública y privada sea uno de los grandes quebraderos de cabeza de los autónomos y un motivo fundamentado que les condiciona, en muchos casos, a la hora de cerrar un acuerdo, ya sea con Administraciones Públicas, grandes empresas o incluso Pymes. Afecta a su día a día y al desarrollo de la economía.
Por este motivo y para paliar esta falta de liquidez, el Ejecutivo propuso una serie de alternativas, como el IVA de caja, que no ha tenido el éxito esperado, y que incluso han comunicado que, junto a la Ley de Morosidad, son medidas “bien intencionadas, pero que no funcionan”. Por ello, se hace más necesaria que nunca una solución de raíz que pasa por acortar plazos y presionar para que el pago a proveedores sea una realidad. Por ejemplo, Asociaciones en defensa de los derechos de los autónomos exigen la creación de un recargo del 20% para todas aquellas personas o administraciones que no cumplan la Ley.
A pesar de que la deuda a proveedores parece no tener fin, las administraciones públicas recortan poco a poco sus plazos de pago, sobre todo, la Administración Local, seguida de la Central siendo la Administración Autonómica la única cuyo plazo de pago se ha visto incrementado.
Sea como fuese, os damos una serie de consejos para prevenir impagos y morosos. El primero de ellos es el uso de la diplomacia ya que demandar a tu cliente por impago debe ser el último recurso ya que el proceso judicial que conlleva puede implicar que el cobro se retrase todavía mucho más. Otro consejo es intentar conocer tu cliente “al dedillo” con informes de riesgo y solvencia del mismo en caso de que sospeches de él. También puedes cobrar una parte por anticipado, especialmente, en trabajos de una cierta envergadura o en los que debas incurrir en costes externos, o bien estipular las condiciones de pago de manera previa, es decir, un 30% al comienzo y resto al final del trabajo, etc.
En definitiva, se trata de evitarnos disgustos y tener una previsión de cobro y ser claros en el momento de formalizar el contrato donde podremos informarnos del plazo medio de cobro para no llevarnos sorpresas a posteriori.
