Parece que, finalmente, el Ejecutivo ha decidido «ponerse las pilas» en uno de los aspectos aún sin resolver para dotar al sistema productivo español del impulso necesario básico para propiciar la recuperación: los problemas de financiación de pymes, autónomos y emprendedores.
Si ayer hablábamos sobre los 400.000 millones que el BCE inyectará a la economía europea para reactivar el crédito a las pequeñas empresas, hoy hacemos un breve recorrido por las últimas medidas aprobadas el pasado viernes por el Ejecutivo para, según afirman, «consolidar la recuperación» (si es que puede afirmarse que, verdaderamente, hemos comenzado a levantar el vuelo).
Así, el Consejo de Ministros ha puesto en marcha el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, que comenzará a ser operativo en este segundo semestre de 2014 y contiene 40 medidas destinadas a «impulsar el crecimiento y la competitividad presente y futura de la economía y la financiación empresarial, aprovechando al máximo los fondos comunitarios y potenciando la cooperación con las comunidades autónomas».
Entre las medidas aprobadas destacan las iniciativas dirigidas a infraestructuras, reindustrialización, eficiencia energética, I+D+i empresarial, apoyo a la iniciativa Pyme europea y medidas de racionalización de la Normativa Medioambiental y Urbanística para nuevas empresas.
Líneas ICO contra los problemas de financiación
Así, Soraya Sáenz de Santamaría explicó que el primer objetivo del Plan es que las empresas puedan tener acceso a préstamos en condiciones normales. De esta forma, se fija un objetivo de concesión de las líneas ICO en 2015 de 25.000 millones de euros, lo que supone un aumento de un 25% respecto al previsto en 2014 y un 80,1% más que en 2013.
Por otro lado, se reforzará el sistema de garantías mobiliarias para favorecer el crédito a ciudadanos y empresas y se garantizará la supervivencia de las empresas con una carga financiera acumulada excesiva pero que son viables.
Finalmente, se recogen medidas para liberalizar y mejorar la regulación del comercio, especialmente el minorista. Así, se declararán como zonas comerciales nuevas áreas de gran actividad turística en las grandes ciudades.
No obstante, según algunas asociaciones de autónomos, el paquete de medidas es positivo, pero muy limitado. El colectivo afirma que, a excepción de la prórroga del Plan PIVE, no se ha generado un aumento de los recursos destinados a estas políticas, sino que se basa en fondos europeos ya comprometidos y que deben ser cofinanciados por la iniciativa privada, «manteniendo la política de austeridad en el gasto que tan negativos resultados para el empleo ha tenido en España».
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