Los estragos de la crisis, la bajada del consumo y las últimas modificaciones en el régimen tributario y fiscal son algunos de los factores que llevan tanto a asociaciones de autónomos como a técnicos de Hacienda a vaticinar un incremento de la economía sumergida y del fraude fiscal, como ya ha ocurrido con medidas de este tipo tomadas en anteriores ocasiones.
Mientras que en Europa la tasa de economía al margen de la legalidad se sitúa por debajo del 15% del PIB, siendo inferior al 12% en países como Holanda o Francia, la situación española es bien distinta. Atendiendo a los últimos estudios realizados, el porcentaje de la economía sumergida en España oscila entre el 20% y el 25% del PIB. Una cifra que, según han advertido sindicatos y asociaciones de autónomos, puede aumentar de forma significativa en los próximos meses.
Pese a los esfuerzos del Gobierno para aumentar la recaudación, la imposición de medidas antifraude que afectan a los autónomos o la amnistía fiscal con la que el Ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro, pretende “erradicar la economía sumergida”, la consolidación de las nuevas medidas fiscales que presionarán la actividad de los trabajadores autónomos podrá suponer, según los cálculos de estas entidades, una desviación de más de 20.000 millones de euros de los cauces fiscales legales, lo que elevará por encima de los 250.000 millones de euros el volumen de la economía sumergida en España.
De esta forma, la subida de las retenciones de los profesionales al 21%, unida a la falta de crédito, la elevada morosidad que sufren los autónomos o la obligación de avanzar el IVA a las arcas del Estado aún cuando no se ha hecho efectivo el cobro de facturas provocará, según sindicatos como CTAC, una falta de liquidez que obligará a muchos autónomos o bien al cese de su actividad, o bien a dar el salto a la economía sumergida.
Hace ya un año que el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, proporcionaba datos reveladores, elaborados a partir de la estadística del IRPF de 2009, sobre cuánto declaran los autónomos. De éstos se desprendía que los los pequeños empresarios y profesionales liberales declaran una media de 8.300 € menos al año que trabajadores y pensionistas. Mientras que los asalariados reportan a la Hacienda Pública unos ingresos medios de 19.300 €, los rendimientos declarados por autónomos y pequeños empresarios apenas llegan a los 11.000 €. Esta diferencia aumenta hasta los 8.500 € al comparar las cifras con los rendimientos declarados por los microempresarios, que se fijan en una media de 10.800 € al año.
Una dinámica que se verá acentuada en los próximos meses y a la que tanto las asociaciones de autónomos como el sindicato de Hacienda ven la necesidad de poner freno para poder cumplir con el compromiso de estabilidad presupuestaria y reactivar el crecimiento económico. La laxitud con la que se ha atajado el problema hasta la fecha ha generado, entre otros, un impacto negativo sobre la recaudación de tributos y cotizaciones sociales, la desigualdad en el pago de impuestos, ya que las cargas de quienes no declaran la totalidad de sus ingresos son soportadas por quienes declaran sus rendimientos de forma correcta, además de afectar negativamente a la competencia empresarial, creando situaciones de competencia desleal derivadas de esta economía irregular.
De hecho, en términos de recaudación fiscal, el estudio FUNCAS sobre economía sumergida, presentado el pasado año, revela que este tipo de actividad al margen de la fiscalidad genera una merma de ingresos fiscales, que estiman en el periodo 1989-2008 entre 30.845 y 32.735 millones de euros anuales de media al año, lo que supone entre el 5,4% y el 5,6% del PIB oficial.
El mercado de trabajo es otro de los aspectos azotados por la acción de la economía sumergida con la reducción de las cifras de empleo reales y la privación de derechos laborales y sociales. Según datos de FUNCAS, el sector del empleo sumergido creció desde 1,4 millones en 1980 hasta casi 4 millones al final de la muestra.
Es por ello que tanto asociaciones de autónomos, como UATAE, han exigido la activación de mecanismos que hagan aflorar la economía sumergida que vigilen y persigan a aquellos que desarrollan sus actividades al margen de la legalidad, mientras que el sindicato de inspectores de Hacienda proponen el establecimiento de programas masivos de comprobación de empresarios, profesionales y sociedades mercantiles con actividades dirigidas a consumidores finales, que declaren ingresos inferiores a un determinado margen sobre sus compras declaradas.
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