Una vez más, el Gobierno intenta poner solución a los problemas de morosidad que sufren autónomos y pymes por parte de las Administraciones Públicas. Para ello, el pasado viernes se aprobó una nueva batería iniciativa destinada a agilizar el pago a proveedores y que, autónomos y pymes, puedan cobrar finalmente lo que les es debido por parte de las Administraciones Autonómicas.
De esta forma, la nueva medida establece que todas las Administraciones Públicas deberán publicar antes del mes de Octubre cuáles son los períodos medios de pago a proveedores para, de esta forma, acercar los plazos establecidos en la Ley de Morosidad (que en el caso de las Admones Públicas se establece en 30 días) a los plazos en los que realmente está pagando la Administración.
Así, las Administraciones Autonómicas que no cumplan con los periodos legales podrán ver intervenida su cuota correspondiente al sistema de financiación autonómica y local. En otras palabras, el Ejecutivo pagará las facturas y deudas de aquellas comunidades y ayuntamientos que no puedan cumplir con la ley, pero se lo descontará de su financiación.
Una medida que, según las organizaciones de autónomos, beneficiará profundamente al colectivo, ya que cobrar una factura de la Administración dejará de ser eterno y, a su vez, se conocerá el ranking de las administraciones más morosas, lo que revierte en un aumento de la transparencia.
Los planes de pago a proveedores de Ejecutivo
Con esta medida se pretende complementar los anteriores planes de pago a proveedores puestos en marcha desde hace tres años pero que, parece, no han tenido demasiado éxito a la vista de los resultados. Aunque el último Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Ejecutivo consiguió la reducción del plazo medio de pago, pasando de 144 a 129 días según datos del mes de abril, ésto no es suficiente.
Así, y pese a tratarse de un «buen primer paso» para que las Administraciones comiencen a pagar cuando deben, no parece ser más que un parche que pretende ocultar la ineficacia de la ley de Morosidad y demás alternativas que propuso el Ejecutivo para paliar la falta de liquidez de las pequeñas empresas, como el IVA de caja o la posibilidad de no tener que abonar el IVA a Hacienda hasta que las facturas no hayan sido cobradas, que no ha tenido el éxito esperado, y que pone en evidencia a las Comunidades Autónomas.
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