Es por ello que el Ejecutivo ha presentado hace apenas una semana un anteproyecto de segí, que ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y que se prevé verá la luz este verano. La propuesta, que ha tenido que sortear la complejidad de la normativa y las competencias regionales, permitirá a cualquier empresa vender a nivel nacional con una única licencia.
Así, los fabricantes, productores y prestadores de servicios sólo tendrán que acatar la normativa de la comunidad autónoma de origen o en la que hayan basado su planta de producción y, dichos productos o servicios, podrán circular, ser distribuidos y ser vendidos libremente en el resto de comunidades autónomas, con independencia de la legislación vigente en cada una de ellas.
Una medida que ayudará enormemente al desarrollo, crecimiento y consolidación de empresas que operan a nivel nacional, con independencia de su tamaño o sector ya que, en cualquier caso, la eliminación de trabas administrativas, comerciales y de consumo supone un gran alivio para aquellos que tenían que cumplir con normativas tanto nacionales como autonómicas y locales.
No obstante, se establecen ciertos matices en función de los productos o servicios ofrecidos. Mientras que los productos agroalimentarios acatan la normativa europea en cuestiones como el etiquetado (que ha de estar en castellano), el resto de productos se acogerá a las leyes de su comunidad de origen.
En cuanto a la prestación de servicios, las empresas, autónomos y profesionales obtendrán una licencia que les permitirá trabajar en cualquier Comunidad Autónoma, pero, eso sí, el servicio habrá de respetar la normativa de la región en la que sea prestado.
La Ley de Unidad de Mercado supone un gran paso en la libre circulación de bienes en España. Sin embargo, la actual situación de cesión de ciertas competencias a las autonomías hacen que la nueva legislación se quede corta, ya que no supone una unificación de la legislación, sino, tal como enunció Soraya Sánchez de Santamaría, la ley no supone un principio de centralización y «se basa en el principio de confianza mutua entre las comunidades».
Una ley necesaria que equipara a los profesionales y empresas nacionales con el resto de empresas europeas, que sólo necesitaban el permiso de origen para operar en España. No obstante, las desigualdades entre las empresas nacionales seguirán alimentándose, ya que las normativas son más laxas en unas regiones que en otras, por lo que ciertas comunidades verán en ésta su oportunidad para atraer capital y desarrollar su tejido productivo.
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