¿Retrasar la edad de jubilación o ajustar la cuantía de las prestaciones? Ésta es la disyuntiva a la que habrá de enfrentarse el Ejecutivo durante el verano antes de presentar, a finales de la época estival, la propuesta de la Reforma de las Pensiones que, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se aprobará después del verano.
Parece que Europa ha relajado sus exigencias y, durante la reunión de los 27 ministros de Empleo de la Unión celebrada la pasada jornada, se acordó flexibilizar la exigencia inicial de Bruselas de retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años y conforme aumente la esperanza de vida.
Recordemos que ya en el mes de marzo el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un polémico decreto ley en el que se recogía, entre otras medidas, el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta un máximo de 67 años, en un contexto donde la edad real de jubilación de los asalariados es de 63,4 años, mientras que la de los autónomos es de más de 65, superando con creces la media de los países europeos.
No obstante, la sostenibilidad del sistema de pensiones en España sigue pendiente de un hilo y la posibilidad de «ajuste» de la prestación, término bastante impreciso, podría redundar en una grave pérdida de poder adquisitivo entre los más mayores.
La solución al problema pasa, según declaró ayer el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, por incentivar la creación y consolidación de pequeñas empresas, que son aquellas verdaderamente capaces de generar empleo y, por ende, un mayor número de cotizaciones a la Seguridad Social.
Por su parte, el Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, apuesta por la implantación de «fórmulas complementarias de capitalización«, provenientes tanto del sector público como del sector privado y que favorezcan la formalización de los planes de pensiones durante la vida activa del trabajador.
Si una cosa está clara, es que el desajuste entre la capacidad real de las arcas del Estado para hacer frente al actual sistemas de pensiones y la necesidad de garantizar ciertos niveles de bienestar ha de ser corregido para dar solidez a las finanzas públicas en el medio y largo plazo. Y, en lo concerniente al colectivo de autónomos, como ya advirtió el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, la pasada semana, una de las soluciones podría pasar por aumentar la aportaciones a la Seguridad Social.
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