¿Quiere eso decir que el empresario puede libremente acceder a cualquier conversación privada en la que participe el trabajador, aunque solo sea en el transcurso de su trabajo? En absoluto.
El secreto de las comunicaciones, sea por medios físicos o electrónicos, es un derecho constitucional protegido en España por los principios legales de más alto nivel, la Constitución Española y el Código Penal.
Pero ningún derecho constitucional es absoluto, como los detectives privados sabemos bien (la ley nos señala como los únicos profesionales habilitados a realizar investigaciones de asuntos y temas privados), y dadas las necesarias y preceptivas circunstancias legales, una investigación podría penetrar en terrenos que de otra forma estarían vedados.
Un claro ejemplo de ello son las cámaras ocultas que todos hemos visto en alguna ocasión, prohibidas de forma genérica (toda cámara de seguridad debe estar claramente publicitada) pero autorizadas en circunstancias especiales siempre que sean instaladas y controladas por detectives privados.
Cuando se produce un conflicto entre el derecho a la intimidad del trabajador y el derecho a la tutela jurídica efectiva del empleador, es cuando se valoran las circunstancias en las que se ha producido la lesión al derecho, según los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad (dicho de una forma sencilla aplicación de medios adecuados, insustituible y mesurados para cada caso)
En la práctica, y como el derecho es cualquier cosa menos una ciencia exacta, cada caso será individual y un tribunal específico aplicará la ley en función de las circunstancias concretas del caso. Entre estas circunstancias se tendrán en cuenta la política de utilización de medios electrónicos de la empresa (aviso por escrito de su utilización para fines particulares), la habitualidad del comportamiento por parte del trabajador, precedentes, dejación de funciones, etc…
Cada caso es individual y debe ser juzgado por sí mismo, y ningún tribunal aceptará que la empresa revise las comunicaciones del trabajador sin que se den una serie de requisitos específicos y se hayan lesionado sus derechos de la menor forma posible. Una utilización moderada del teléfono de empresa, ya sea para avisar a la pareja de que se llega tarde a cenar o para reservar un restaurante nunca podrá ser utilizada como argumento por la empresa para justificar un despido disciplinario.
La realidad de la noticia, por tanto, es menos llamativa de lo que pudiera parecer en un principio. Existe la posibilidad de realizar las verificaciones descritas, pero cuidado: de no mediar todos los condicionantes citados de un forma clara y concreta, podría producirse un efecto boomerang, no aceptando el tribunal la prueba e incluso pudiendo incurrirse en responsabilidad tanto civil como penal, como causantes de un de delito de intervención en las comunicaciones.
