La aprobación el pasado mes de abril del Anteproyecto de Ley para combatir el fraude fiscal que excluía a varios colectivos de autónomos del régimen de tributación por módulos puso en pie de guerra a sindicatos y asociaciones de transportistas que reclamaron una modificación de esta reforma que evitase el hundimiento del sector, ya que las medidas que el Gobierno pretendía adoptar para evitar la emisión de facturas falsas no tomaban en cuenta las particularidades de la industria del transporte por carretera en España.
Finalmente, el Gobierno ha decidido corregir el proyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y actuaciones en la previsión y lucha contra el fraude, y que ya ha trasladado a las Cortes, elevando hasta 300.000 € la cifra máxima de rendimiento anual para permanecer en el régimen de estimación objetiva del IRPF.
De esta forma, la cantidad de 300.000 € será de aplicación a las actividades de la División 7 de la Tarifa de Impuestos Económicos, que incluye el transporte de viajeros, el almacenamiento, engrase y limpieza de vehículos o las agencias de viaje, sectores que, según UPTA, también registran una fuerte presencia de trabajadores autónomos.
Tal como ya explicamos hace unos meses, el borrador de las medidas antifraude que afectan a los autónomos excluía del sistema de tributación por módulos a todos aquellos que facturasen menos del 50% a particulares o que tuviesen unos rendimientos íntegros anuales inferiores a 50.000 €.
Según las demandas de los sindicatos de transportes, además de aumentar la carga administrativa de los excluidos, éstas medidas provocarían serias dificultades para los trabajadores del sector de transportes, que ya viene atravesado serias dificultades desde principios de año debido a la subida del carburante y a la bajada de su actividad.
Unas medidas que afectarían al cien por cien de los autónomos, ya que sólo los gastos en combustible superan los 50.000 € anuales, además de los costes de amortización y mantenimiento de los vehículos.
Además, esta exclusión del sistema tributario con el que el colectivo del transporte ha estado trabajando desde hace 25 años habría supuesto la supresión de 15.000 empleos y pérdidas de liquidez de entre el 50% y el 70%, según las estimaciones de las cooperativas de transportistas.
No obstante, según algunos sindicatos como UPTA, las modificaciones son insuficientes. Existe un importante número de trabajadores registrados como Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADES) que no podrán cumplir con el requisito que obliga a facturar más de un 50% al cliente final debido a la obligatoriedad de facturar a empresas intermediarias, pese a que sus servicios van dirigidos al consumidor final.
