Más de 85.000 tiendas online han sido creadas en España en los últimos años, según datos facilitados por Xopie, una de las empresa españolas líderes la creación de tiendas virtuales. No obstante, y pese a la buena salud de la que goza el comercio electrónico en nuestro país, la cifra se aleja con mucho de otros países europeos.
Así, el estudio realizado en colaboración con BBVA nos muestra por primera vez el número aproximado de comercios electrónico creados y activos en España, y que se clasifican en cuatro grandes grupos: las que operan por medio de soluciones «de alquiler», también llamadas soluciones SAAS; tiendas desarrolladas a medida bajo código abierto, tiendas ofrecidas por empresas de hosting y empresas que venden sus productos en market places a modo de tiendas online.
Sin embargo, y a pesar del crecimiento exponencial que el comercio electrónico ha vivido en nuestro país durante los últimos años, aún queda mucho camino por andar hasta alcanzar a países europeos como Francia o Reino Unido, que cuentan con 203.000 y 110.000 comercios electrónicos en sus economías, respectivamente.
Según destaca Jordi Ferrer, Socio Director de Xopie, comparando España con estos países, el estudio demuestra que existe todavía un gran potencial de crecimiento en España y que aún queda mucho recorrido en el sector del comercio electrónico.
Nuevas medidas para las tiendas online
De hecho, parece que desde las administraciones se ha comenzado a tomar verdadera conciencia del potencial y el empuje que las transacciones comerciales online significan para nuestra economía con la adopción de nuevas medidas que pretenden regular muchos de los vacíos legales en los que se mueve la actividad.
Así, el pasado 28 de marzo se publicó en el BOE la nueva reforma en las leyes que regulan el comercio electrónico en España. Sin embargo, se trata de una batería de propuestas mucho más orientadas a la protección del usuario que a incentivar el comercio electrónico, en especial entre las pequeñas y medianas empresas.
Entre las nuevas medidas destacan la obligatoriedad de informar al comprador con antelación de las características del producto, el precio completo (incluyendo tasas, impuestos…), los plazos de entrega o los costes de devolución, en caso de existir.
Se introducen cambios en el plazo de entrega, que será de un máximo de 30 días a nos ser que se acuerde lo contrario previamente; y de devolución, que será de un mínimo de 14 días, siempre y cuando se especifique en el sitio web. En caso de no especificar el plazo de devolución, el cliente podrá devolver los productos adquiridos en el plazo de un año y 14 días.
De esta forma, se pretende dotar de mayor protección a los compradores online, un hecho que dota de mayor seguridad y confiabilidad al acto de comprar por Internet, lo que redunda en una mejora de la reputación del comercio electrónico. Sin embargo, aún se echa en falta una propuesta normativa sólida y alineada con los tiempos que corren, capaz de regular de forma integral el comercio electrónico, incentivándolo y facilitando su implementación entre autónomos, pequeñas y medianas empresas.
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