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Los transportistas autónomos, en pie de guerra ante la reforma de la LOTT

Actualizado el 18 de febrero de 2013

3 minutos de lectura

Por Estefanía

Parece que la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) no ha sido para nada del agrado de los transportistas autónomos de vehículos ligeros en España. La medida, aprobada el pasado mes de diciembre y que actualmente se encuentra en fase parlamentaria, podría suponer la desaparición de 80.000 profesionales del sector del transporte ligero, según han afirmado varias asociaciones vinculadas con el colectivo.

No obstante, la iniciativa no ha sido acogida de la misma forma por las empresas de transporte, que ven en ésta una forma de flexibilizar el acceso al sector y de regularizar la situación laboral de muchos transportistas que, hasta ahora, ejercían su actividad sin cumplir los mínimos exigidos por la ley.

Pero, ¿cuáles son las principales novedades que introduce esta modificación y cómo afectan a los profesionales del transporte ligero por carretera?

– La nueva ley supondrá una desregularización de los transportes ligeros por carretera, que elimina la obligatoriedad de la obtención de la tarjeta de transporte a todos aquellos vehículos de entre 2 y 3.5 toneladas de masa máxima autorizada (MMA).

– De ésta forma, se eximirá  a los transportistas de tener que realizar el actual visado periódico que se realiza cada 2 años y que certifica que el titular sigue cumpliendo sus obligaciones fiscales y laborales y que el vehículo ha pasado las correspondientes revisiones técnicas, lo que podría incurrir en un serio peligro para la seguridad vial y un aumento en la tasa de accidentes.

– Se suprime, para el transporte de mercancías por carretera, el principio por el que los precios del servicio de transporte se regulan de tal forma que cubran la totalidad de los costes de explotación y fomenten la seguridad y la calidad.

– Ya no será necesario demostrar la capacidad económica del titular, un requisito hasta ahora obligatorio para continuar ostentando las autorizaciones de transporte en el caso de que la empresa transportista fuera declarada insolvente o en concurso de acreedores.

–  Se perderá la honorabilidad, requisito indispensable para continuar ostentando las autorizaciones de transporte, por la comisión de infracciones muy graves en materia de transporte, lo que afectará tanto al titular de la empresa como a la persona que aporta el título de capacitación de transporte.

– Tampoco será obligatoria la autorización para la realización de transportes de mercancías realizados en vehículos cuya velocidad máxima no supere los 40km/hora.

– Lo que sí será necesario para las empresas transportistas es la posesión de  un establecimiento fijo con locales situado en España, donde se conserve la documentación de transporte obligatoria.

Se modificará la política de sanciones, considerándose muy grave la no comunicación al Registro de Empresas y Actividades de Transporte el cambio de domicilio del transportista, aunque las cuantías se reducirán en un 30% . Además, el pago anticipado de una sanción de transporte dará lugar a una reducción del 30%.

Una serie de medidas que, según las asociaciones, ponen en peligro la continuidad profesional de miles de transportistas autónomos cualificados e incentivará la competencia desleal en el sector, motivos por los cuales la Asamblea de transportistas de vehículos ligeros acordó convocar un calendario de movilizaciones que se iniciarían el próximo 20 de febrero con una manifestación de camiones por Madrid.

No obstante, y según informaciones de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha autorizado la marcha argumentando “un grave riesgo de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes” y afirmando que, de celebrarse, podría afectar “la regular prestación de servicios públicos esenciales con incidencia en la seguridad: ambulancias, bomberos, policía …”.

Por ello, las asociaciones convocantes presentaron el pasado viernes un recurso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al entender que los motivos que fundamentan la citada resolución no se ajustan ni a la legislación vigente ni a la jurisprudencia sobre la materia.

Si bien es cierto que las medidas pueden ayudar a salir de la economía sumergida a aquellas personas que llevan a cabo su actividad fuera de los márgenes legales, las desregularización del sector puede no ser la solución al problema y, ante todo, no puede pasar por la desvalorización de los profesionales del transporte y la pérdida de calidad y seguridad en la prestación del servicio.

Estefanía

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