Unos 256,72 euros, como mínimo. Eso es lo que cotiza a la Seguridad Social un autónomo que no pueda beneficiarse de ningún tipo de bonificación en la cuota. Una suma que, a día de hoy, hace que muchos autónomos tengan serios problemas de liquidez y que, en muchos casos, haga inasumible su pago en un contexto de bajada del consumo, disminución de ventas e ingresos y escasez de crédito.
Ya a principios de año, y antes de la entrada en vigor de la tarifa plana para jóvenes autónomos, nos preguntábamos si rebajar la cuota de autónomos era la verdadera solución a los problemas de liquidez. La rebaja de la cuota de autónomos es una medida largamente reivindicada por una parte del colectivo de autónomos, que se ve obligado a efectuar el pago desde el momento en que da comienzo su actividad y con independencia de su facturación.
De hecho, hace unos días que cobra fuerza una iniciativa en change.org que va camino de las 22.000 firmas y que aboga por rebajar la cuota de autónomos, especialmente para aquellos que realizan actividades inconstantes o que procuran bajos ingresos, poniéndola a la altura de países europeos como Inglaterra o Francia, en los que se cotiza a partir de un determinado volumen de ingresos o de forma proporcional a la cifra de ventas, respectivamente.
Una iniciativa que podría ser interesante para aquellos que se encuentren en esta situación y que ayudaría a combatir notablemente la economía sumergida. No obstante, existen grandes diferencias entre los sistemas tributarios y fiscales de cada país y, a falta de conocer detalles sobre la Reforma de las Pensiones sobre la que ya trabaja el Ejecutivo, una reducción sustancial en las cuotas a la Seguridad Social repercutiría inevitablemente en la pensión a percibir una vez llegada la jubilación, ya que el cálculo de la pensión del autónomo se establece en función de lo cotizado a lo largo de vida profesional.
Si una cosa es cierta, es que ser autónomo en España no es fácil, y más aún cuando cuando se trata de iniciar una nueva actividad, si ésta se desarrolla de forma intermitente o por la que se estima un bajo volumen de negocio. Es entonces cuando la decisión de ser autónomo o no con ingresos bajos cobra especial relevancia, ya que marca la diferencia entre estar o no dentro de la legalidad y acceder a una serie de prestaciones sociales.
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