La reducción en la dotación de efectivos en la función pública y el cambio, al menos aparente, en la tendencia del crecimiento económico español, son las principales causas del aumento, en último año, de los fondos destinados por las Administraciones Públicas a los contratos públicos, a la adquisición de suministros, al desarrollo de obras y a la contratación de servicios a empresas.
A pesar de que no existen estadísticas globales claras con las que hacer una radiografía de conjunto, sí que hay datos sectoriales, que vienen a corroborar el incremento presupuestario en contratos públicos. Por ejemplo, en el ámbito de las Nuevas Tecnologías, según la consultora LicITA Canal de Negocio, las licitaciones TIC han aumentado, en 2013, un 15%, alcanzándose la cifra de 3.507 millones de Euros. Misma tendencia positiva diagnosticada en el sector de la obra pública, que en el último año, según datos del Observatorio de la Construcción de SEOPAN, pasó de los 7.442 millones de Euros en 2012, a los 9.142, en 2013, un aumento del 22,80%.
Los contratos públicos de obras, servicios y suministros no son una cuestión baladí y tiene una gran importancia tanto para la economía como para el empleo, por ser un importante motor de desarrollo y crecimiento para grandes empresas, Pymes y autónomos.
Estamos acostumbrados a leer en la prensa y ver en la televisión cómo se conceden contratos millonarios a empresas, pero se desconoce que las Pymes y autónomos también pueden acceder a este tipo de trabajos, pues son muy variados, tanto por su naturaleza, como por su cuantía.
De hecho hay Administraciones como el Ayuntamiento de Valladolid que, consciente de la importancia de estos contratos para las Pymes y autónomos, va a implantar nuevos modelos de contratación pública, fraccionando sus necesidades en lotes más pequeños, dando acceso, así, a un mayor número de pequeñas empresas.
Los 80 millones de Euros que licita al año pueden ser un importante marco para la supervivencia de muchas empresas, en un contexto de dificultad económica y contracción del consumo. Hoy, tan solo el 35% de la contratación pública de este Ayuntamiento se cubre por Pymes; su nuevo modelo persigue incrementarlo y dar mayor cabida a los más pequeños.
Además de los beneficiosos efectos sobre Pymes y autónomos, las Administraciones Públicas, también se aseguran mejores servicios y prestaciones. Las grandes empresas se mueven por elevados volúmenes de contratación y sus ofertas han de cubrir sus gastos de funcionamiento (muy altos al contar con complejas estructuras dotadas con mucho personal), a los que hay que unir sus márgenes de beneficio empresarial.
En el caso de las Pymes y autónomos sus estructuras son muy sencillas y sus equipos se reducen al empresario y unos pocos empleados, si es que los tienen, de modo que sus gastos corrientes son menores y por lo tanto pueden ofertar mejores precios. En el caso de los autónomos, incluso, su objetivo es conseguir su nómina mensual, de modo que tanto el precio como la calidad de los servicios son muy competitivos, algo que, hoy día, las Administraciones agradecen más que nunca.
Si bien es cierto que se abre un nuevo nicho de mercado para los más pequeños, éstos han de enfrentarse a una serie de carencias y dificultades como son el acceso a la información, la compresibilidad de la misma, la elevada carga administrativa, los plazos o el desconocimiento en la tramitación. A pesar de ello, cada vez son más las Pymes y autónomos que se están lanzando a trabajar con la Administración, si bien, antes, han tenido que superar sus miedos y adquirir el conocimiento necesario para ello.
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