Hace sólo unas semanas analizábamos cómo las medidas propuestas por el Ejecutivo en el anteproyecto de ley de Fomento de la Financiación Empresarial podrían afectar al futuro del crowdfundign, una de las fórmulas de financiación alternativa que mayor crecimiento está experimentando en los últimos años entre autónomos y emprendedores debido a las dificultades de acceso al crédito, tanto público como privado.
Recordemos que la propuesta presentada por el Ejecutivo limitaba especialmente a las inversiones en participaciones de pequeñas empresas o equity crowdfunding, y a los préstamos con intereses entre particulares, lo que también se denomina como crowdlending.
De esta manera, se establecía un tope de inversión de 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros por plataforma durante un año. Una decisión que, en opinión de los expertos, ni beneficiaría al sector, no contribuiría al crecimiento empresarial y animaría a la inversión.
De hecho, la imposición de éstas limitaciones podría haber acabado con el naciente sector español, derivando a los inversores a hacer sus aportaciones en otras plataformas extranjeras que se rigen por una regulación más laxa.
Sin embargo, parece que, finalmente, la nueva norma que regulará la financiación colectiva en España, no pondrá límites a los inversores profesionales, que podrán destinar todo el dinero que consideren oportuno a un proyecto.
Así, el Gobierno da marcha atrás de forma parcial al anteproyecto aprobado el pasado 28 de febrero y atiende a las exigencias de plataformas de financiación colectiva como Lendico, Zank, Arboribus, Comunitae y LoanBook, que habían solicitado una mayor relajación en las limitación.
¿Quiénes son los inversores profesionales en crowdfunding”
Sin embargo, es necesario matizar qué es lo que Ejecutivo entiende por “inversores profesionales“. Así, son inversores profesionales aquellos que se acrediten como tal y tengan, en principio, una renta disponible de, al menos, 100.000 euros. No obstante, los límites a la inversión se mantendrán para los inversores “no profesionales”, con el objetivo de “dar garantías” a los inversores inexpertos y “evitar posibles abusos”.
Una enmienda que, aunque parcial, aporta un nuevo rayo de esperanza a un sector que, día a día, gana un mayor peso a la hora de generar y posibilitar que diversos proyectos, negocios y start-ups puedan salir adelante en España.
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