Las pymes y autónomos que deseen acogerse de forma voluntaria al sistema especial del IVA con Criterio de Caja podrán solicitarlo hasta el día 31 de marzo de 2014, según se informa en el BOE publicado el pasado 30 de Diciembre, ampliando así un plazo que, en principio, finalizaba el pasado 31 de diciembre.
Se trata de una decisión de última hora, pero con la que se llevaba un tiempo especulando ante las bajas previsiones de solicitudes que se barajaban (apenas un 10% de las pymes y autónomos). ¿La razón? Las dudas que el nuevo sistema ha sembrado entre quienes pueden beneficiarse del mismo.
Recordemos que el nuevo régimen del IVA se dirige a empresas con una facturación anual inferior a 2 millones de euros al año y que, las empresas que ya lo solicitaron, pueden disfrutar de éste sistema desde el pasado día 1 de enero.
Poca aceptación de IVA de Caja
Pese a que se trata de una de las medidas más demandadas por el colectivo de autónomos y pymes, ya que permite a éstos no tener que abonar a Hacienda el IVA de las facturas hasta que éstas no hayan sido cobradas, la forma en la que se ha desarrollado este régimen especial del IVA no termina de convencer a los más pequeños.
Hace ya unas semanas que en este blog nos preguntábamos sobre la conveniencia de acogerse de forma voluntaria al IVA de Caja, ya que ganar liquidez puede suponer perder un cliente para las micropymes y autónomos que trabajan con grandes empresas y que corren el riesgo de verse «marginadas» a la hora de ser seleccionadas como proveedoras de éstas quienes, al trabajar con empresas acogidas al IVA de Caja, no podrán desgravarse el IVA de sus facturas hasta que no las abonen.
Según informa el diario Cinco Días, y pese a que más del 97% de las empresas españolas facturan menos de dos millones de euros al año, el nuevo régimen del IVA puede interesar a entre el 20 y el 25% de las empresas, es decir, a aquellas que no suelen realizar aplazamientos en sus cobros o no lo hacen más allá de los 30 o 60 días, como comercios a por menor, restaurantes, bares…
No obstante, se trata de una medida fundamental para aliviar las tensiones de tesorería de muchas empresas que facturan, principalmente, a otras empresas y cuyos plazos de pago son superiores a 90 días lo que, unido a los altos índices de morosidad, que se ha visto disparada en los últimos dos años, ha provocado graves problemas de liquidez entre autónomos y microempresas.
Pero entonces, ¿por qué ha sido tan bajo el grado de aceptación de la medida? El Gobierno justifica la ampliación del plazo y el bajo número de solicitudes a la desinformación de los interesados, pero será necesario ver cómo se desarrolla el nuevos sistema durante sus primeros meses de vida para desechar (o confirmar) los recelos de quienes aún no lo han solicitado.
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