Tras la entrada en vigor el pasado 21 de Noviembre de la Ley 17/2012 por la que se regulan las tasas judiciales, y pese a que no será de aplicación hasta que no estén listos los nuevos impresos de cobro, son muchos los interrogantes que se plantean sobre cómo puede afectar esta incremento a las relaciones entre la ciudadanía y la Justicia española.
Una medida que ha provocado el rechazo de diferentes colectivos, entre los que destaca el de autónomos y pequeñas empresas ya que, según han denunciado varias asociaciones del sector, acusará especialmente la subida a la hora de reclamar por vía judicial deudas e impagos.
Según los representantes de estos colectivos, la subida de las tasas judiciales puede “afectar negativamente al desarrollo de la actividad” de pequeñas empresas y autónomos. En este sentido, aseguran que la nueva medida “otorga impunidad a la morosidad“, ya que el coste de reclamar un impago por vía judicial puede ser, en muchas ocasiones, superior a la cantidad debida, por lo que pymes y autónomos quedarían desprotegidos ante los impagos de escasa cuantía y éstos no serían reclamados.
Según ha manifestado UATAE en un comunicado, con la entrada en vigor de las nuevas tasas, interponer un impago por vía judicial puede suponer un coste que calcula de entre 100 y 1.200 euros para el autónomo.
La nueva medida, además, exime a las Administraciones públicas, uno de los mayores deudores de autónomos y pequeñas empresas, de este incremento, por lo que reclamar el cobro de las facturas impagadas supondrá siempre un coste para las pymes.
De hecho, y según alertó ATA el pasado mes de Julio, las Administraciones públicas adeudaban a esa fecha más de 4.800 millones a autónomos y microempresas, los cuales tardaban una media de 161 días en lograr formalizar el cobro de las facturas impagadas.
Por ello, y ante la actual situación de crisis en la que los impagos están a la orden del día, es recomendable tomar ciertas precauciones para prevenir la morosidad o, por lo menos, iniciar la vía judicial como último recurso ya que, además del elevado coste económico que ahora supone, el cobro de facturas impagadas puede sufrir un retraso mucho mayor por este camino.
Entre los consejos para prevenir la morosidad, destaca la realización de una evaluación previa del riesgo de impago que puede suponer un cliente, el cobro por adelantado de parte de la factura, facturar rápidamente y controlar los plazos de cobro, o la contratación de seguros de crédito.
Evidentemente, éstas recomendaciones no son la solución definitiva a la morosidad ni a los costes asociados a la subida de las tasas judiciales, pero sí pueden ayudar a autónomos y pequeñas empresas a evitar problemas de liquidez derivados del impago de facturas.
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