Cabe destacar que la Ley Ómnibus, como elemento modificador de normativas de un sector tan amplio como heterogéneo, ha aplicado cambios y modificaciones a la regulación de la actividad encuadrada dentro de los aspectos referidos a consumidores y usuarios de servicios, servicios y colegios profesionales, servicios industriales, construcción y transportes.
Aún así, y más allá de las polémicas y puntos débiles detectados en cuestiones como la liberalización del servicio de transporte y su perjuicio al colectivo del taxi, o en cuanto a la colegiación en profesiones como la de arquitecto, el texto como tal, establece una serie de ventajas destinadas a los profesionales que se admiten como positivas para su desempeño profesional.
De hecho, esta normativa de servicios ha puesto en marcha aspectos tan reclamados por los profesionales como necesarios, como por ejemplo, la simplificación de procesos para el desarrollo de actividades, el silencio administrativo positivo ante los expedientes y licencias de apertura o la creación de autorizaciones administrativas indefinidas, acabando así con los procesos de renovación temporales. Todo ello en pro de acabar con las ineficiencias normativas y administrativas que restan competitivad a las actividades del sector respecto al marco del mercado europeo.
Ahora, con la vista puesta en el 20-N y las elecciones generales, todo pasa por valorar el resumen de la acción legislativa del Gobierno, que en esta legislatura ha cerrado más de 140 leyes y decretos con una clara vocación financiera y económica de hacer frente a la crisis económica.
Entre ellas, una de las medidas aplicadas es la puesta en marcha de la mencionada Ley Ómnibus, que a puertas de cumplir dos años en vigor y con un claro talante liberalizador, queda abierta a la valoración por parte de los profesionales; no ya sobre su capacidad de creación de empleo y riqueza, pero sí sobre cómo ha sido asimilada e interpretada por los profesionales.
